Ceapa

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado

CEAPA, UGT y CCOO y FOESC denuncian al Ministerio de Hacienda ante la Comisión Europea por el IVA en los comedores escolares


7 de Junio de 2013

CEAPA, UGT y CCOO y FOESC denuncian al Ministerio de Hacienda ante la Comisión Europea por el IVA en los comedores escolares

La confederación de padres y madres de alumnos, CEAPA, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal FOESC (Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo) han interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea contra el Ministerio de Hacienda por la interpretación que realiza la Dirección General de Tributos de la Ley del IVA que obliga a recaudar este impuesto en actividades de carácter educativo que están exentas. La aplicación del IVA comporta el encarecimiento de los servicios educativos o la pérdida de calidad. También se pone en peligro la continuidad de muchas empresas del sector.

En una rueda de prensa celebrada el 6 de junio en Madrid, el presidente de Ceapa, Jesús María Sánchez, manifestó que los perjudicados principales serían las familias ya que las empresas habrían de incrementar los precios del comedor o, por el contrario, bajar la calidad de los mismos. Señaló que las familias no están dispuestas a soportar "más gastos" ni a que esto afecte a la educación y salud de nuestros hijos e hijas. De esta forma, el presidente de Ceapa, Jesús Sánchez, subrayó que los principales perjudicados serán los más de tres millones de niños que asisten a comedores escolares en la escuela pública y concertada en España, que dispondrán de menos monitores y pueden ver cómo se recortan servicios. "Las familias ni podemos, ni queremos, ni vamos a permitir esto", ha sentenciado Sánchez.

El presidente de Foesc, Josep Oriol, manifestó que las compañías que prestan servicio de comedor y otros tipo de actividades extraescolares sí que forman parte de la educación de los niños y niñas y de la guardia y custodia de la infancia, por lo que ha hecho hincapié en que deberían estar libres de pagar este impuesto.

El secretario de Universidades e Investigación de la Federación de Enseñanza de CCOO, Julio Serrano, señaló que lo que supondrá esta medida será que los comedores y las actividades extraescolares pierdan su “carácter educativo” y vuelvan a su antiguo papel de guarda de niños y la pérdida de empleo de muchos profesionales de este sector, que son principalmente mujeres y jóvenes.

Por su parte, Carmen Barrera, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, aseguró que “la intención real del Gobierno es eliminar este tipo de actividades de los centros educativos”, ya que dado que los precios están tasados, serán las mismas administraciones las que deban asumir esta subida, y “dirán que no hay recursos”.

Una legislación clara

La Ley de IVA (37/1992), establece en su artículo 20.uno.9 que los servicios destinados a la educación de la infancia y la juventud están exentos de IVA. Con esta disposición la legislación española atiende a la Directiva Europea 2006/112/CE, que establece que los Estados Miembros eximirán la educación de la infancia y la juventud del IVA. La literalidad de ambos textos legislativos no deja lugar a dudas. A pesar de ello, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda emitió el 28 de noviembre de 2012 un informe en el cual sostiene una interpretación completamente diferente de la norma, concluyendo que estos servicios los cuales nadie niega su carácter educativo como son los comedores escolares, las acogidas matinales y de tarde en los centros educativos, las actividades extraescolares y las salidas programadas desde las escuelas no puedan acogerse a dicha exención.

Efectos devastadores

Los efectos de dicha interpretación pueden llegar a ser devastadores para la economía familiar, puesto que producirá un encarecimiento de servicios de primera necesidad, y para el equilibrio y viabilidad de un sector económico que crea empleo en las franjas de población activa mas castigadas por la desocupación (jóvenes y mujeres de mediana edad) y por el que con mucho esfuerzo, se ha construido durante los últimos veinte años.
Además de los efectos nocivos para la economía, la interpretación de Hacienda conlleva de forma implícita, la negación del carácter educativo de unos servicios que han dejado de ser una opción alternativa, para convertirse en una necesidad familiar de máxima importancia. Constituye, por tanto, un paso atrás en el reconocimiento de la educación como un derecho social irrenunciable.

Inseguridad Jurídica

Las Administraciones de Hacienda han venido interpretando de forma distinta y a menudo contradictoria, las consultas directas realizadas por empresarios/as y usuarios/as en diferentes puntos de España a lo largo de los últimos diez años, en relación con la tributación de IVA en la amplia variedad de servicios inequívocamente educativos que se prestan desde las empresas del sector. Tal era la variedad de respuestas que se producían, que generó una situación evidente de inseguridad jurídica, ante la cual tanto los prestadores de servicios, como las organizaciones contratantes, se veían en la obligación de aplicar criterios distintos en función del territorio o circunstancia en la que se realizaba su actividad. Es en este momento, cuando FOESC estimó necesario poner fin a dicha situación de inseguridad jurídica, y con tal fin realizó una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos en febrero de 2010. Esta consulta pretendía determinar finalmente, que la exención es aplicable a los servicios educativos destinados a la educación de la infancia y la juventud, gestionados por las empresas del sector afectado. A pesar de mantener un contacto fluido con los diferentes responsables y titulares de la Dirección General de Tributos y de aportar en repetidas ocasiones datos e información de todo tipo para facilitar la resolución del caso, la respuesta se demoró de manera aparentemente injustificada. Durante los casi tres años de espera, FOESC aportó documentos en los cuáles las Administraciones competentes en materia de educación, tanto de la Administración central como la autonómica, reconocían de forma inequívoca el carácter educativo de los servicios que motivaban la consulta.

En noviembre de 2012 finalmente, llegó la respuesta y los argumentos de la Dirección General de Tributos contradecían, en opinión de FOESC, así como de los numerosos expertos en materia jurídica y fiscal consultados, tanto la Ley de IVA (37/1992) como la Directiva Europea de referencia.

Reacción de la Comunidad Educativa

Desde el momento en que se hizo pública la respuesta a la consulta vinculante, se han multiplicado las reacciones contrarias a su contenido, prácticamente desde todos los ámbitos sociales y políticos. Organizaciones sindicales, sociales, educativas, empresariales y del tercer sector han mostrado su disconformidad con la interpretación de Hacienda, sumando a todo ello los pronunciamientos públicos que se han llevado a cabo, tanto en Catalunya donde se ha aprobado en Parlamento, así como en Andalucía, donde en estos momentos hay una propuesta para debatirla en pleno el próximo jueves 13 de junio. Igualmente, se han presentado preguntas e interpelaciones parlamentarias en el Congreso de los Diputados, así como las preguntas formuladas ante la Comisión Europea, solicitando la retirada o modificación de la interpretación del Gobierno español.

La iniciativa que se presenta con este acto, aúna la opinión y actuación de las organizaciones prestadoras de los servicios, a los usuarios/as de los mismos y a los trabajadores/as profesionales, que tienen encomendada la tarea educativa. La comunidad educativa en su mayor expresión, por tanto, eleva su voz y solicita a las autoridades europeas que garanticen el cumplimiento en España de la Directiva Europea que establece la exención de IVA en los servicios educativos de la Infancia y Juventud, preservando el carácter de derecho social que supone la educación.