El presidente de CEAPA recuerda en este artículo la labor voluntaria y desinteresada que realizan centenares de miles de padres y madres de alumnos en los centros educativos. Señala que los beneficios sociales de la participación de las familias son de tal magnitud que ésta debería estar respaldada por el Estado, tanto en el plano legal como económico. Expone una serie de demandas que CEAPA va a transmitir tanto al Gobierno central como a los autonómicos para que garanticen el ejercicio del derecho constitucional de los padres y las madres al control y gestión de los centros educativos.

El 93% de los centros educativos tiene una asociación de padres y madres, y el 60% de las familias pertenece a ellas. El 56% de los padres y madres asiste siempre o frecuentemente a las reuniones del APA.

Hay que empezar a huir de los tópicos: la voluntad de participar en el proceso educativo de nuestros hijos e hijas goza de buena salud, lo que no impide que queramos mejorar. CEAPA representa a casi 11.000 APAS, con alrededor de un millón y medio de familias que participan en ese proceso al que nos referimos ¿Queremos que sean más? Sí. ¿Queremos mejorar las condiciones y ámbitos en que se desarrolla esa participación? Sí, pero eso no impide que quienes integramos este movimiento asociativo podamos sentirnos orgullosos de ser, probablemente, el más activo y saludable de todos los existentes, teniendo en cuenta que es voluntario, no remunerado, y que debe hacerse al margen de nuestras obligaciones laborales y familiares ¿Alguien puede nombrar otro colectivo más activo que este? Por poner un ejemplo: Cruz Roja, tal vez la entidad más emblemática en voluntariado, cuenta con aproximadamente un millón de socios y unos 200.000 voluntarios.

Son datos a tener en cuenta y que nos señalan la dimensión de nuestro movimiento asociativo. Es cierto que una cosa es asistir a reuniones del APA y otra muy diferente trabajar, implicarse, participar activamente en proyectos y actividades, o postularse para ser elegido representante en el consejo escolar. Cómo lograr que más padres se impliquen y tomen el relevo es uno de los retos que afrontamos en estos momentos.

Los beneficios personales y sociales de la participación de las familias

La unión hace la fuerza. Quienes se unen al APA tienen más capacidad para reclamar mejoras en el centro educativo y en la educación de los hijos, pueden participar en las actividades extraescolares y para adultos que organiza la asociación, y acceder a una formación que nos ayuda en nuestra tarea como padres, entre otras ventajas. Pero sobre todo obtendrán un beneficio intangible, que no se puede calibrar, y que reside en el ejercicio de la ciudadanía, con los valores que conlleva, como la solidaridad, el diálogo, la tolerancia, el respeto y aprecio por la diferencia, entre otros.

Según indican evaluaciones nacionales e internacionales, como por ejemplo las elaboradas por la OCDE, la implicación y participación de las familias en la escuela incide de manera positiva en el rendimiento escolar del alumnado y en la calidad de la enseñanza. Las AMPAS canalizan esa implicación y participación colectiva de las familias. Son entidades de vital importancia, pues relacionan al centro escolar con las familias, y la comunicación entre estos dos ámbitos es clave para garantizar una educación de calidad.

Los beneficios de la participación son evidentes también para la sociedad. Una sociedad activa, participativa y solidaria es la garantía de una ciudadanía comprometida con las libertades, crítica y democrática. Nuestros hijos e hijas aprenden lo que ven que se hace, no lo que les decimos que debe hacerse.


Respaldo legal y económico por parte del Estado

Las personas que participamos en las APAS, o en las federaciones territoriales de nuestra provincia o comunidad autónoma, o en CEAPA a nivel estatal, realizamos un trabajo totalmente voluntario y no remunerado. Ésta es una labor anónima y desinteresada de muchos miles de padres y madres, que contribuyen a la mejora de la calidad de la enseñanza en los centros educativos.

Por ello, uno de los principales objetivos de la Junta Directiva que presido es lograr que las Administraciones educativas pongan en valor el trabajo y la aportación de las APAS a la educación de este país. Creemos que esa puesta en valor pasa necesariamente por una regulación propia que garantice y desarrolle el derecho a la participación en el control y la gestión de los centros que fija el artículo 27 de la Constitución. Esta norma regularía la obligación del Estado de respaldar legal y económicamente nuestro funcionamiento, y aseguraría el mantenimiento y mejora de los programas que desarrollamos en los centros educativos.

Los padres y las madres queremos seguir desarrollando un trabajo voluntario, pero nuestras organizaciones necesitan una pequeña estructura que garantice nuestra presencia en los centros educativos, consejos escolares y mesas de negociación locales y autonómicas, donde siempre estamos en inferioridad de condiciones en relación al profesorado y a la Administración educativa.

Que CEAPA y sus federaciones dispongan de un local con la infraestructura necesaria y de personal laboral contratado es indispensable para desarrollar nuestra labor de representación, asesoramiento y apoyo a las APAS, y para asegurar la continuidad de nuestras entidades, si tenemos en cuenta que existe una rotación enorme en los cargos de representación; quiero recordar que muchos, tras haber sido elegidos en representación de los padres, a los pocos años, dejan el cargo al finalizar los hijos la educación secundaria.

Por ello, necesitamos el apoyo económico del Estado, que no se cuestiona tanto para otras organizaciones sociales. Con esos limitados fondos damos mucho a la sociedad; esos fondos tienen un valor social multiplicador. Sin embargo, en estos momentos de dificultades presupuestarias, a nuestras organizaciones se nos recorta más que a ninguna otra, incluso las ayudas se eliminan directamente, como si nuestra labor fuera prescindible.

La asfixia económica a la que nos someten las Administraciones educativas hacen peligran programas de los que se benefician decenas de miles alumnos y alumnas y sus familias, relacionados con las actividades extraescolares, la supervisión de la gestión de los comedores, el desarrollo de iniciativas de préstamo de libros, los desayunos matinales en la escuela para niños cuyos padres y madres tienen que acudir muy temprano a su puesto de trabajo, escuelas de padres y madres, cursos sobre educación para la salud, cursos de prevención de drogodependencias y educación afectivo-sexual, entre otros, y que son gestionados en muchos casos por las APAS.

Pero, sobre todo, peligra la participación del alumnado y de las madres y los padres. No cabe reclamarnos a madres y padres la participación e implicación en la Educación y, a la vez, asfixiar a las organizaciones que nos representan. Así no lograremos avanzar en absoluto en el cumplimiento de los objetivos que España se ha propuesto en el marco de la Unión Europea con la Estrategia Europa 2020. Así sólo retrocedemos.

Por todo ello, y a lo largo de los próximos años, CEAPA va a reclamar a las Administraciones Públicas lo siguiente:

1. Una normativa de ámbito estatal que desarrolle el derecho constitucional de los padres a la participación en el sistema educativo, y que regule la consiguiente obligación de las Administra-ciones educativas de facilitar este derecho. Esta normativa también debería instituir la concesión de permisos laborales para asistir a reuniones de consejos escolares y tutorías.

2. Financiación suficiente para las federaciones de APAS y la confederación estatal.

3. Reformar los consejos escolares, de manera que recuperen las funciones de gobierno y ser paritarios (idéntica representación de madres-padres, profesorado y alumnado).

4. Reorganizar y flexibilizar los horarios de los centros, adaptándolos todo lo posible a las necesidades de las familias y para facilitar nuestra implicación, tanto en las tutorías, como en las reuniones de grupo y convocatorias de consejos escolares u otras comisiones.

5. Establecer la figura del padre-madre delegado de clase o como llaman en algunos centros “padre representante de clase”, dotándole de funciones específicas.

6. Que el padre o la madre que participe en un consejo escolar reciba un certificado que acredite su pertenencia al mismo, para que así vea reconocida su experiencia y conocimientos adquiridos.

7. Impulsar campañas de difusión de la importancia de la participación de las familias en los centros.

La sociedad española es hoy lo suficientemente madura como para que el Estado nos dé ya la oportunidad de ejercer con plenitud el derecho a la participación que la Constitución nos reconoce. 34 años después de su aprobación y de que los padres comenzáramos a participar en el control y gestión de los centros educativos.