El estancamiento de la actividad política, causado por la falta de entendimiento entre los grupos políticos del Congreso de los Diputados tras las últimas Elecciones Generales, está alarmando a un ritmo creciente a la comunidad educativa al observar cómo las posibles y necesarias medidas que se deberían de adoptar para eliminar el ataque a la educación pública se están eternizando en el tiempo.
Junto con la derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes educativos y la reforma universitaria del anterior gobierno -ahora en funciones – es urgente tomar decisiones inmediatas para evitar o minimizar sus efectos a corto plazo. Dicho gobierno en funciones, que carece de legitimación democrática para seguir aplicando una políticas que deberían pertenecer ya al pasado, no demuestra con sus actos estar dispuesto a ser consecuente con el resultado de las urnas y, lejos de paralizar preventivamente la aplicación de las normas que impuso en la anterior legislatura, se extralimita legislando y administrando con criterios antidemocráticos, con evidente menosprecio al sentir ciudadano.
Apremia, sin pérdida de más tiempo, dar marcha atrás en determinadas medidas que, de no hacerse inminentemente, complicarán todavía más el panorama educativo en los próximos meses. Exponemos a continuación las siguientes y más acuciantes:
Debido a su rechazo, la aplicación de la contrarreforma educativa del denostado ex-ministro Wert y seguida ahora por Méndez de Vigo, está siguiendo derroteros muy desiguales en las diferentes CCAA. Su fracaso es una obviedad que nadie discute ya. Urge su paralización inmediata y su derogación, para lo cual es necesario que un nuevo Gobierno del Estado, consecuente con las demandas sociales que han hecho posible el cambio, se constituya sin más demoras. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública insta a los grupos políticos configurados en el Congreso de los Diputados tras las pasadas elecciones generales a que acuerden sin más dilaciones la formación de un Gobierno que frene estas amenazas para la Educación Pública y ponga en marcha el diálogo social necesario para la consecución de una nueva política educativa.
Madrid, 30 de marzo de 2016